POR: Arturo Germán
Desde inicios del presente siglo, el Perú viene
experimentando un ciclo expansivo en su economía que se traduce en un
importante crecimiento del Producto Bruto Interno; el boom de las
exportaciones, principalmente mineras, que incrementó sustancialmente el
ingreso de divisas y la recaudación fiscal; el aumento en los niveles de empleo
y la disminución de la pobreza, entre otros.
Este ciclo viene, sin embargo, acompañado con un aumento
en los niveles de conflictividad social, en el marco de una persistente precariedad
institucional, especialmente del sistema político, expresada en la debilidad de
los partidos, su escasa presencia nacional y sus dificultades para ejercer la
representación de la ciudadanía, todos estos factores que los limitan
seriamente para desempeñarse como eficaces mediadores políticos.
La conflictividad deriva fundamentalmente de la presencia
de industrias extractivas, sobre todo mineras, en ámbitos rurales andinos pero
también de la costa. Los conflictos afectan igualmente a zonas de la Amazonía
con fuerte presencia de pueblos indígenas, tanto por la presencia de empresas
petroleras y gasíferas, como por la explotación forestal y otras actividades.
Un caso especial es el de la minería informal e ilegal,
presente en la región costera, andina y de selva, así como los conflictos en
torno a la gestión de gobiernos locales y las disputas entre comunidades
campesinas. Varios de estos conflictos son relativamente recientes, como en los
casos de la minería informal e ilegal, o los desencadenados en torno a la
gestión local.
Los conflictos derivados de la presencia de empresas
mineras en entornos rurales andinos son más bien antiguos; sus orígenes datan
de las primeras décadas del siglo XX, aunque por entonces, las empresas y los
movimientos sociales que las resistían eran distintos a los del presente, al
igual que la correlación de fuerzas sociales y políticas, el Estado y la
sociedad peruana en general.
Estos han contribuido a crear y “sedimentar” diversas
“culturas del conflicto” en el imaginario social peruano, que en realidad data
de muchas décadas, reforzadas por una serie de elementos propios de la
diversidad cultural del país.
Caso Ilave:
El 26 de abril de 2004, la localidad de Ilave, fue
escenario de una tragedia que sacudió al país, dejándonos lecciones profundas.
Ese día, el alcalde Cirilo Robles Callomamani, en un último y desesperado
intento por evitar la declaratoria de vacancia de su cargo, intentó realizar
una sesión de concejo municipal junto a un grupo de regidores aliados. El rumor
de la presencia del cuestionado alcalde corrió como reguero de pólvora por las
calles de Ilave.
Hacía cuatro semanas que la ciudad se hallaba tomada por
las comunidades rurales. Los campesinos mantenían clausurado el municipio, en
espera de solución a sus reclamos. La demanda inicial que el alcalde rinda
cuentas sobre su gestión se había convertido al calor de los acontecimientos de
esas semanas, en la exigencia de su renuncia. Además de los campesinos
movilizados, diversos grupos de interés político y económico en la zona, así
como caudillos locales, entre ellos varios enemigos políticos del alcalde, se
hallaban empeñados en evitar que Cirilo Robles regrese a ocupar el sillón
municipal.
Violencias y Muertes por Conflictos
sociales en el Perú (Gobierno de Alan García)
Caso Tia María:
Durante una gira de trabajo por Arequipa, el ministro de
Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, habló sobre la preocupación que
tienen los agricultores por el proyecto Tía María y la iniciativa del Estado
para instalar una mesa de diálogo en la región. A tres días de la instalación
de la mesa Más de 100 vecinos del distrito de Dean Valdivia, en Arequipa,
bloquearon las principales vías de la zona conocida como El Arenal, como parte
de las protestas por el primer día de paro indefinido contra el proyecto minero
Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú.
Los pobladores también ocuparon el sector conocido como
el Boquerón, donde, además de quemar llantas, arrojaron piedras sobre el
asfalto y atacaron a un conductor que no respetó el piquete e intentó cruzar.
La empresa minera Southern Copper negó que vaya a
cancelar definitivamente el proyecto Tía María y señaló que no retirará su
inversión de Arequipa, negando lo señalado Julio Morriberon, director de
relaciones institucionales de la minera.
El tiempo corre en contra, pues si el conflicto –que
ahora está encapsulado en el valle– termina involucrando a todo Arequipa y a su
gobernadora, será mucho más difícil echar a andar el diálogo. Por eso, bien
haría el flamante primer ministro, tan sensatamente comprometido en crear
confianza, en darse un salto por el Valle de Tambo para invitar a sus alcaldes
a dialogar.
Para el sociólogo Alberto Paz de la Vega La actividad
minera en sí misma es una actividad de gran intensidad de capital se requiere
mucho capital y de poca generación de empleo, toda la inversión que realiza el
sector minero no genera más del 1% del
empleo en el Perú y de alguna manera el estado se ve en la necesidad de
recurrir a ella por la necesidad de ver el gasto presupuestado porque es un
dinero que le viene rápido, lamentablemente este momento los precios
internacionales se han desplomado y siguen cayendo.
Por otro lado La comprensión de los fenómenos sociales ha
permitido generar alternativas deseables para afrontar los conflictos de
relación a través de una comunicación dialógica, con la mediación de una figura
confiable y objetiva y/o con acuerdos satisfactorios.
“Se
está trabajando en el ministerio de cultura, lo principal es tener un techo más
alto un espacio grande para trabajar de una manera sostenida, sin estos problemas lo que debería ocurrir es una asamblea constitucional donde todos
nos pongamos de acuerdo sobre el modelo a seguir de tal manera en que en esa gran carta magna
en ese nuevo acuerdo nacional surja una condición mínima para asegurar una
continuidad histórica del modelo sociedad que se debe imponer.”
